La inteligencia artificial parece vivir en un territorio sin materia, hecho de datos, algoritmos y nubes. Pero toda nube tiene debajo servidores, cables, chips, energía, territorios y trabajadores. Luis Lozano reflexiona sobre las formas de recuperar esa materialidad que permite discutir la IA desde otro lugar: como una infraestructura atravesada por disputas económicas, laborales, culturales y políticas.
Por Luis Lozano*
En 1982, Luis Alberto Spinetta estrenó en el teatro Coliseo Yo quiero ver un tren. La canción, que formaría parte del disco Mondo di cromo editado al año siguiente, describe un paisaje posterior al desastre atómico, un espacio atravesado por la guerra y la devastación, donde una locomotora herrumbrada irrumpe como deseo y memoria de aquel mundo del que ya no queda “ni agua”. Quince años después, Spinetta la incluyó en el setlist del MTV Unplugged que grabó en 1997. Allí, además, el Flaco agregó un recitado que reforzaba la idea original:
Antes una estatuilla del siglo IV era una pieza invalorable para todos los museos.Todos los bancos las tienen todas guardadas porque valen una bola de mosca. ¿Y qué era? Era un jarrón, no servía para nada. Estaba en el Louvre. Desapareció el Louvre. Desapareció todo. Explotaron las bombas. No quedó nada. Quizás hemos sobrevivido… ¡Una locomotora es la fucking Gioconda!
En el nuevo paisaje de homogeneización que propone la inteligencia artificial, la referencia de Spinetta nos invita a analizar la irrupción de este sistema sociotécnico a contrapelo de su propia retórica. Frente a una tecnología que se presenta como nube, flujo y desmaterialización es clave reponer la pregunta por la infraestructura, por aquello que sostiene el movimiento del mundo, aunque no lo veamos con la misma claridad que en tiempos del ferrocarril. Identificar los fierros del tren de la IA nos habilita a comprender esta tecnología no ya como una novedad ahistórica, sino como una nueva fase en una larga secuencia de innovaciones técnicas que reorganizan la experiencia social, las formas del trabajo y de acumulación de capital, y la vida pública en sentido amplio.
Lejos de las caracterizaciones que pretenden concebirla ―apenas― como una herramienta ultrasofisticada, sus capacidades atraviesan la ciencia, la salud, la producción, las finanzas, la seguridad, las comunicaciones y las industrias culturales, hasta funcionar como una infraestructura silenciosa que redefine márgenes de acción para individuos, empresas y Estados. En este escenario, resulta imprescindible reponer la mirada de las ciencias sociales. Hablar de algoritmos sin hablar de disputa de sentido equivale a naturalizar un nuevo conjunto de reglas en base a las cuales se redefinen conceptos como ciudadanía, espacio público, acceso y participación, entre otros.
Quienes trabajamos en el campo del derecho a la información y las políticas de comunicación venimos de discutir las condiciones para el ejercicio de este derecho humano en tiempos de radiodifusión, de servicios de comunicación audiovisual, de telecomunicaciones y, más cerca de nuestros días, en entornos definidos por las plataformas digitales y la actividad de actores privados con capacidad para estructurar y condicionar el debate público. La IA actualiza las preguntas de este campo. No sólo porque se integra al ecosistema informativo, sino porque actúa sobre las condiciones mismas de producción, circulación y jerarquización de los sentidos en nuestra sociedades.
Detrás de las aplicaciones visibles, de los grandes modelos de lenguaje y otros sistemas capaces de generar texto, imágenes, decisiones o predicciones, existen arquitecturas de poder infraestructural que involucran una enorme concentración de la capacidad de cómputo, así como el control corporativo de servidores y capacidad de almacenamiento digital y de los chips avanzados (semiconductores de alta potencia). Esta disponibilidad desigual de las infraestructuras repercute de manera directa en la capacidad para fijar estándares técnicos, jurídicos y culturales a escala global. Por eso la discusión sobre IA no debe quedar encerrada en el lenguaje de la innovación. Es, desde el inicio, una discusión sobre el poder.
Trabajo, automatización y materialidad
En La llave estrella (1978), Primo Levi cuenta las aventuras de Libertino Faussone, un montador de grúas y estructuras metálicas que sabe hacer, reparar y responder por lo que construye. Ese obrero especializado recorre el mundo con su inseparable llave estrella en mano y, para él, cada trabajo nuevo “es como un primer amor”. Surge allí una conceptualización que el entusiasmo contemporáneo por la IA pretende borrar: toda técnica depende de un trabajo situado, de una inteligencia práctica y de una relación concreta con la materia.
La llave estrella no sólo defiende la dignidad del oficio; también muestra que el trabajo es una forma de conocimiento. Faussone conoce la resistencia de la materia, sabe qué puede fallar, entiende los límites de la máquina y asume una responsabilidad sobre lo hecho. Esa ética del saber/hacer resulta especialmente valiosa frente a una tecnología que muchas veces es celebrada por sus resultados mientras se ocultan sus condiciones de producción.
La expansión de la inteligencia artificial ya está generando una reorganización desigual de mercados laborales enteros: automatización selectiva, reducción de costos, creación de empleos altamente especializados en la cumbre y precarización en la base. La cuestión no pasa sólo por contar cuántos puestos se pierden o se crean, sino por examinar quiénes quedan expuestos a la sustitución, quiénes capturan los aumentos de productividad y bajo qué condiciones se distribuyen los beneficios y los costos del cambio técnico.
Detrás del oráculo hay etiquetadores de datos, moderadores, supervisores, técnicos, trabajadores de infraestructura, programadores, operadores, editores, personas que corrigen, verifican, entrenan y sostienen el sistema. Todo ello a partir de la apropiación ilegal del acervo conformado por las obras que produjeron generaciones enteras de creadores cuyas producciones son utilizadas sin ningún tipo de reconocimiento de derechos patrimoniales ni morales.
Democracia, sesgos y alineación
En este contexto, el enfoque de derechos ―y la mirada desde el derecho a la comunicación en particular―, no debería operar como un filtro que se aplica ex post sobre sistemas ya diseñados, sino como el criterio desde el cual preguntarse qué inteligencia artificial se construye, para quién, bajo qué condiciones y con qué efectos. Considerar la IA desde ese paradigma implica examinar cómo se distribuyen riesgos y beneficios, qué impactos produce sobre las condiciones materiales de existencia, la autonomía, la privacidad, la libertad de expresión y la participación política. Y qué márgenes conservan las personas y las comunidades para comprender, discutir y disputar decisiones mediadas por algoritmos.
La conversación global sobre inteligencia artificial también muestra otra urgencia: la gobernanza corre el riesgo de volverse puramente reactiva. Cuando la velocidad de despliegue supera la capacidad pública de comprender, auditar y regular, la política queda empujada a administrar daños en lugar de orientar rumbos. Esa misma lógica de aceleración que dificulta gobernar modelos cada vez más complejos es la que intensifica los procesos de extracción de datos, opacidad algorítmica, precarización laboral, manipulación informativa y dependencia tecnológica.
En el terreno del ecosistema informativo y las industrias culturales, la saturación de contenidos generados con IA y la forma en que se los etiqueta —o se invisibiliza su origen— reconfigura la calidad del debate público, la autoridad de la palabra y el valor que las sociedades asignan a la creación humana. A la vez, los principales modelos continúan siendo entrenados a partir de corpus dominados por idiomas, registros y perspectivas del Norte global, lo que reproduce jerarquías culturales y sesgos epistémicos ya presentes en las plataformas digitales.
A esto se suman las limitaciones cada vez más significativas para el ejercicio de la autodeterminación informativa. En entornos crecientemente automatizados, la posibilidad de decidir sobre la recolección, el uso y la circulación de los datos que representan a personas y comunidades se vuelve una condición de ciudadanía efectiva. La protección de datos personales ofrece garantías mínimas frente a la extracción irrestricta; la transparencia algorítmica permite comprender e impugnar decisiones automatizadas; y la democracia comunicacional exige, además, pluralidad lingüística, diversidad cultural y herramientas para distinguir entre obras humanas, híbridas o completamente automatizadas. Sin esas tres dimensiones articuladas, la gobernanza de la IA corre el riesgo de quedar reducida a una retórica de principios incapaz de alterar su estructura de funcionamiento.
Con la gente adentro
El tren de Spinetta, como el oficio de Levi, nombran interrogantes similares. ¿Qué ocurre cuando el progreso se presenta como desmaterialización? ¿Qué tipo de vida común queda en pie cuando la infraestructura que organiza la experiencia se torna más opaca de lo que nunca ha sido? La inteligencia artificial devuelve esas preguntas al centro de la escena.
Desde la apropiación de las nuevas rentas extraordinarias, hasta el derecho de las sociedades a intervenir en el destino de una infraestructura construida sobre recursos, trabajos y saberes colectivos, el debate no se limita a regulaciones. Mucho menos a leyes nacionales. Se trama también en lo que queda de los órganos multilaterales; en los principios elaborados por órganos de Naciones Unidas y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos e incluso en intervenciones políticas como la primera encíclica del Papa León XIV, “Magnifica Humanitas. Sobre la custodia de la persona humana en el tiempo de la inteligencia artificial”. En estas expresiones es posible hallar una misma advertencia: el centro de la discusión no son los desarrollos técnicos, sino la persona humana y el tipo de mundo que estas tecnologías contribuyen a edificar.
En esa misma clave pueden leerse disputas recientes que, a primera vista, parecen inconexas. En Estados Unidos, el senador demócrata Bernie Sanders sostuvo que la IA se construye sobre el conocimiento colectivo de la humanidad, pero que la riqueza que genera se concentra en un puñado de multimillonarios y corporaciones tecnológicas, por lo que propuso la creación de un fondo soberano financiado con un impuesto extraordinario en acciones de las empresas tecnológicas. Entre las múltiples respuestas furibundas que recibió, un editorial del Wall Street Journal le advirtió que sería una tragedia histórica que la IA se convirtiera en “el camino al socialismo norteamericano”.
En la Argentina, mientras tanto, el anuncio del presidente Javier Milei de crear la figura de las “sociedades IA” y ensayar un marco jurídico a medida de agentes no humanos convive con un programa de apertura acelerada a nuevos ciclos extractivos (RIGI; súper RIGI; proyecto de ley de extranjerización de tierras, entre otras). El gesto es sintomático: en lugar de subordinar la IA al Estado de derecho y a los derechos humanos, se busca consolidar un modelo en el que los territorios ofrecen energía, datos, recursos naturales y flexibilidad regulatoria, mientras el mayor valor agregado se concentra lejos de las comunidades que soportan los costos.
La escena argentina actual permite desmontar una de las falsas antinomias más persistentes en el discurso sobre IA: la oposición entre regulación e innovación. Presentar la regulación como obstáculo y la desregulación como condición necesaria para el desarrollo tecnológico implica reciclar argumentos que ya fracasaron en otros ámbitos y otros tiempos históricos. La discusión regional y global muestra, por el contrario, que la innovación siempre ocurre en el marco de arreglos institucionales específicos y que los impulsos pretendidamente modernizadores son en realidad tomas de posición extremas pro-mercado que fortalecen a los actores dominantes y debilitan la capacidad pública para exigir responsabilidad y condiciones estructurales de redistribución.
La pregunta decisiva ya no es qué puede hacer la inteligencia artificial, sino quién la gobierna, bajo qué reglas y al servicio de qué formas de vida colectiva. En esa discusión, todavía hay mucho por decir, además de gritar “¡Yo quiero ver un tren!”.
* Doctor en Derechos Humanos y Lic. en Comunicación. Docente e investigador en políticas públicas y regulación de medios de comunicación, libertad de expresión y derechos digitales. Siempre tengo demasiadas pestañas abiertas. IG: @LuisLozanoOk, X: @Beatnik78, LI: https://www.linkedin.com/in/luis-lozano-ok/
