Cualquier país desarrollado -o en vías de- tuvo antes una fuerte inversión en ciencia y una convicción férrea en el sostenimiento de políticas públicas a lo largo de los años. ¿Cuál es el costo económico de cortarlas?; ¿Y el ético y moral?. ¿Es posible acordar puntos claves para el desarrollo de un país que sean rentables, eficientes y a su vez excedan una administración política?
Micaela Sánchez Malcolm*
Salimos de madrugada. El mapa marcaba 400 kilómetros hasta Lago Posadas, en el noroeste de Santa Cruz. Lo que el mapa no advertía era el viento cruzado, los tramos eternos de ripio, ni esa sensación de que la ruta afina hasta volverse paisaje. Llegar por tierra no era un detalle logístico: era experimentar físicamente la distancia. Entender, una vez más, que hay lugares donde el mercado no llega solo.
A muchas de esas localidades remotas viajábamos junto al Ejército Argentino para hacer las instalaciones. No por épica, sino por necesidad operativa: caminos complejos, climas extremos, logística difícil en puntos remotos de toda la Argentina. Allí instalábamos antenas satelitales que garantizaban conectividad donde antes había silencio digital. No era solo infraestructura, era entrega de equipamiento, capacitación local, articulación con escuelas, centros de salud y municipios. Era el resultado de una década de desarrollos nacionales en telecomunicaciones que nos permitían desplegar el programa “Mi Pueblo Conectado”.
Ese programa no era una excepción ni un capricho. Formaba parte de una estrategia federal que alcanzó a cientos de localidades, parajes, pequeños pueblos o instituciones con conectividad deficitaria o inexistente. En muchos casos la antena no sólo habilitaba internet, sino que funcionaba acortando distancias que no son sólo geográficas, son económicas y sociales.
Un par de años después el viento en Santa Cruz sigue igual. Pero el clima de época, no. La desregulación, la apertura indiscriminada y la flexibilización laboral —enmascarada de modernización— ordenan hoy agendas y decisiones. Se repite que lo que no es rentable no sirve. Que el Estado debe retirarse de todo aquello que el mercado no considera negocio. Que la eficiencia consiste en achicar.
Además de otras contradicciones y falacias, esa narrativa simplifica peligrosamente la discusión. Porque cuando se habla de “rentabilidad” rara vez se explicita en qué horizonte temporal, bajo qué estructura de costos, con qué inversión previa o comparada con qué experiencia internacional se mide esa rentabilidad.
Acá nomás, y solo por nombrar una política concreta, la experiencia del sistema satelital argentino demuestra exactamente lo contrario. Argentina es uno de los pocos países del mundo que diseñan y producen satélites geoestacionarios de telecomunicaciones. No estamos hablando de ensamblaje. Estamos hablando de ingeniería de alta complejidad, integración de sistemas, gestión orbital y comercialización internacional de capacidad satelital. Es una capacidad tecnológica e industrial consolidada que requirió años de inversión pública, articulación con el sistema científico y desarrollo de proveedores locales. Capacidad que, además, es rentable.
Los satélites argentinos en operación, Arsat 1 y Arsat 2 ( lanzados el 16 de octubre de 2014 y el 30 de septiembre de 2015, respectivamente) compiten en el mercado internacional, venden capacidad a empresas de telecomunicaciones y generan ingresos en divisa extranjera: comercializan servicios, en territorio estadounidense, desde hace más de una década. Lo hacen incluso en contextos donde el propio gobierno argentino decide no ejercer plenamente herramientas de reciprocidad comercial frente a Estados Unidos. No sólo no son un “gasto”, sino que son una fuente de generación de ingresos estratégicos en sentido amplio. Son industria nacional exportadora en un sector con barreras de entrada altísimas.
Ninguna de las grandes potencias tecnológicas desarrolló sus capacidades espaciales bajo la lógica de “lo que no es rentable no sirve”. Estados Unidos, Europa, China, India sostuvieron durante décadas políticas públicas activas, compras estatales, subsidios, protección de mercado y planificación estratégica. La industria espacial no nació del repollo privado. Nació de decisiones políticas y de políticas públicas sostenidas sin las cuales esa acumulación de capacidades no hubiera devenido en rentabilidad posterior.
Reducir la discusión a una ecuación de corto plazo implica desconocer que la política tecnológica opera en horizontes largos, construye capacidades acumulativas y genera externalidades que el mercado, por definición, no captura. Esa construcción convoca a universidades, a proveedores, a startups y profesionales altamente calificados. Forma recursos humanos que luego dinamizan otros sectores. Genera una rueda que construye soberanía en muchos sentidos pero fundamentalmente, nos permite tener autonomía para decidir, para crecer y para desarrollarnos.
La antena en Lago Posadas no era rentable en términos aislados. Pero formaba parte de un sistema que sí lo es, o al menos, lo era. Precisamente porque existió una política pública sostenida en el tiempo. Porque se decidió consolidarla ininterrumpidamente entre 2006 y 2015. Porque pese al desmantelamiento y apertura de cielos —que se llevó a cabo entre 2015 y 2019— en 2020 se decidió la construcción de la segunda generación de satélites. El inicio del desarrollo ARSAT-SG1 reafirmaba una estrategia de largo plazo orientada a ampliar capacidad, actualizar tecnología y fortalecer presencia en Argentina y en el mundo (El ARSAT-SG1 se encuentra paralizado por falta de financiamiento y autorizaciones clave, lo que pone en riesgo su finalización y lanzamiento).
Cuando se desfinancia la ciencia o se descontinúan proyectos estratégicos, no solo se ajusta un presupuesto. Se interrumpe una trayectoria. Se desarma una red de proveedores. Se desalienta la formación especializada. Se pierde posición en mercados sin garantía de que eventualmente podamos volver a entrar. Se discontinúan políticas soberanas. Y también se redefine el lugar de la Argentina en el mundo.
La soberanía tecnológica no empieza en un laboratorio ni en un balance financiero. Empieza en el territorio, en esa ruta de ripio hacia Lago Posadas. Empieza en la decisión de que la geografía no determine derechos y en la convicción de que el desarrollo no es un accidente del mercado, sino una construcción política sostenida en el tiempo. Se proyecta en el futuro del trabajo, de la industria y de la capacidad del país de sentarse en la mesa global con voz propia, no como proveedor de materias primas sino como productor de conocimiento, tecnología y servicios de alto valor agregado. Una antena en el Lago Posadas puede parecer un punto pequeño en el mapa pero en realidad es la expresión concreta de una definición estratégica: qué lugar queremos ocupar en el mundo y cuánto estamos dispuestos a invertir —y a sostener— para que ese lugar sea propio.
* Micaela Sánchez Malcolm es Comunicadora, egresada de FSOC -casa donde además investigo y doy clases-. Me especialicé en políticas públicas. Soy Ex-Secretaria de Innovación Pública, presido la ONG Géneras y tengo más de 15 años de experiencia en procesos de digitalización. Bosterísima, mamá y adoptante orgullosa de dos perras. Linkedin: https://www.linkedin.com/in/micasmalcolm/ Instagram: https://www.instagram.com/micasmalcolm X: https://x.com/micasmalcolm
